La postura del Gobierno colombiano ante la ONU sobre el Acuerdo de Paz de 2016 sigue provocando un terremoto político. Mientras la oposición cuestiona las decisiones de la administración de Abelardo de la Espriella, sectores del oficialismo no solo respaldaron las declaraciones del embajador Mauricio Gaona, sino que también reactivaron el debate sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El centro de la controversia está en la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de retirar el seguimiento específico a la implementación de la Reforma Rural Integral, uno de los componentes centrales del acuerdo firmado en La Habana. La Misión de Verificación, sin embargo, continuará sus labores hasta octubre de 2027.
La determinación se produjo a solicitud del Gobierno colombiano y generó posiciones divididas en el escenario internacional. Mientras Estados Unidos respaldó la decisión, China y Rusia expresaron reparos.
EL EMBAJADOR LANZÓ UN MENSAJE QUE SACUDIÓ EL DEBATE
El embajador de Colombia ante la ONU, Mauricio Gaona, cuestionó los resultados del proceso de paz y afirmó que el acuerdo de 2016 no constituye un modelo para el mundo.
«No estamos en contra de la paz, estamos en contra de la impunidad», expresó durante su intervención ante el Consejo de Seguridad.
Sus palabras desataron críticas de sectores opositores, pero encontraron respaldo entre figuras políticas cercanas al Gobierno, que defienden una nueva postura frente a los resultados del acuerdo.
LA JEP, EN EL OJO DEL HURACÁN: PIDEN ADELANTAR SU CIERRE
La controversia subió de tono con las declaraciones de la senadora María Clara Posada, quien lanzó fuertes cuestionamientos contra la Jurisdicción Especial para la Paz y aseguró que «la verdad, que tanto escasea en la JEP, da la cara al mundo en el Consejo de Seguridad de la ONU».
La congresista, reconocida por sus críticas a este tribunal, ha insistido en la necesidad de modificar sus procedimientos y revisar su funcionamiento.
A esta postura se sumó Enrique Gómez, quien respaldó al embajador Gaona y volvió a impulsar una propuesta que promete generar fuertes enfrentamientos políticos: modificar la Constitución para reducir el periodo de funcionamiento de la JEP y adelantar su cierre de 2033 a 2028.
La iniciativa abre un nuevo interrogante sobre el futuro de la justicia transicional y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las víctimas del conflicto armado.
Sin embargo, existe otro elemento que alimenta la discusión: el Consejo de Seguridad reconoció que más de 11.000 firmantes del Acuerdo de Paz permanecen en la vida civil. Una cifra que también pone sobre la mesa los avances y desafíos del proceso de reincorporación.
EL DEBATE ESTÁ SERVIDO: mientras unos sectores consideran que la JEP necesita cambios profundos y que sus resultados deben ser revisados, otros advierten que acelerar su cierre podría afectar los compromisos de verdad, justicia y reparación para miles de víctimas.
¿Usted apoyaría que la JEP cierre cinco años antes de lo previsto, pasando de 2033 a 2028, o considera que sería un retroceso para la justicia y las víctimas del conflicto?
¿ES HORA DE REFORMAR LA JEP O SE ESTARÍA PONIENDO EN RIESGO EL ACUERDO DE PAZ?
